Escrito por: Karla Betancourt

El siglo XXI marcó el inicio de la cuarta ola del feminismo, con las luchas por la emancipación política femenina y el derecho al aborto aún vivas, la reciente ola impulsó a los colectivos feministas conformados por mujeres a que se centraran en varias problemáticas que giran en torno al género y que han cobrado más visibilidad recientemente, como el acoso, la brecha salarial de género y los feminicidios. Esto resultó en una discusión política y social que al día de hoy se sigue dando, en donde los derechos de las mujeres son el eje y el motivo de disputa.

Los colectivos feministas, entonces, se suman a las voces que buscan exigir políticas públicas que ayuden en el cumplimiento de los derechos de las mujeres, sin embargo, el apoyo político y gubernamental son el punto clave del avance y, por tanto, del cumplimiento de estas políticas públicas. En países como España, Francia y Polonia se han establecido Ministerios de la Igualdad, con el fin de visibilizar y trabajar en políticas que giren alrededor del género, mientras en países como México aún sigue el debate de si un ministerio que se centre en la solución de problemáticas de género y en ayudar a la mujer es necesario o no.

Ahora, ante esta información, se podría plantear la pregunta: ¿qué tan importante podría ser un Ministerio de la Igualdad para garantizar la lucha por los derechos de las mujeres en Colombia? Y: ¿realmente necesitamos un Ministerio de la Igualdad en el país?

En Colombia, el actual gobierno del presidente Gustavo Petro, planteó la propuesta de la creación de un Ministerio de Igualdad como una de sus promesas más fuertes para ganar la presidencia, argumentando que la creación de este beneficiaría a las personas sordas, ciegas, de la comunidad LGTBIQ+ y a las mujeres, prometiendo que se establecerían políticas que ayudarían a los colectivos más vulnerados del país.

El plan de gobierno presentado por Gustavo Petro también prometía que se crearía un Viceministerio de la Mujer, que cumpliera con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un plan adoptado por Colombia en 1995 durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, pensada para la igualdad de género entre mujeres y niñas, por medio de políticas que se reconocieran en ámbitos públicos y privados, que tuvieran una perspectiva feminista y que pudieran reducir la precarización de los derechos de la mujeres, aumentando su autonomía y el desarrollo de su libertad.

Así, luego de que Gustavo Petro fuera elegido como presidente de Colombia en el año 2022, se logró por medio de la Ley 2281 de 2023 “la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad y la adopción de los elementos de su estructura orgánica”, según dicta el Congreso de Colombia.

Sin embargo, la vida de esta cartera sería corta, ya que en mayo de 2024, la Corte Constitucional decidió dejar sin efectos a este ministerio, argumentando que al momento de su creación, se saltó el requisito de tener un aval fiscal expedido por el Ministerio de Hacienda, destinando así su cierre al 20 de junio del año 2026, a menos de que se subsanen los errores cometidos al momento de su creación y se presente ante el Congreso una nueva propuesta con todas sus legalidades en orden. Pese a ello, el gobierno aún no ha adelantado este trabajo ni presentado una nueva propuesta.

La creación de este Ministerio trajo dudas desde un principio, se cuestionaba por qué su asignación presupuestal de 500.000 millones superaba en valor a varios ministerios, como el de Justicia, Transporte y Tecnología. También se señaló cómo, al día de hoy, la cartera presenta poca ejecución de su presupuesto, de solo 2,4% y cómo no han logrado cambios visibles en sus dos años de existencia. También surgió la interrogante de qué políticas han impulsado en pro de las comunidades con las que trabajan; todo esto mientras se realizaba un cambio de ministros, de Francia Márquez (también Vicepresidenta de Colombia) a Carlos Rosero.

El jefe de Estado, Gustavo Petro, afirmó durante un evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, que el Congreso y los detractores de su gobierno habían sentido tanta rabia ante la creación de esta nueva cartera que le habían puesto fecha de terminación. El mandatario también aseguró que: “el Viceministerio de la Mujer va a morir”.

Carolina López Arcos, abogada y funcionaria adscrita a la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad del Cauca y delegada del Comité de Violencias Basadas en Género y Violencias Sexuales de la Universidad de Cauca, afirma que la creación de un Ministerio de la Igualdad es necesario para la mujer colombiana, ya que puede visibilizar el proceso que llevan las mujeres en pro de sus derechos que han sido opacados por el patriarcado.

López Arcos señala que el Ministerio debería estar enfocado a impulsar políticas públicas que saquen adelante todos los proyectos que grupos feministas dentro del país han planteado en pro de la seguridad de la mujer, sin embargo, también recalca el hecho de que el Ministerio de la Igualdad actual no ha tenido el empuje y la voluntad de realizar estos proyectos, lo que ha provocado que tenga mala reputación entre los ciudadanos y los políticos colombianos, creando así un sesgo y un retroceso en los avances que se han hecho alrededor del cumplimiento de los derechos de las mujeres en Colombia.

“No hay esa intención verdadera en sacar todas estas políticas, entonces eso es lo que nos conlleva a un retroceso. Sería muy importante que este ministerio u otro se ponga la camiseta realmente y empiecen a impulsar estas políticas que son tan necesarias para la sociedad”, señala López Arcos.

Por su parte, María Cristina Guevara, profesora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad del Cauca, habla sobre cómo el Ministerio de la Igualdad parece ser un acto simbólico más que una respuesta a las problemáticas importantes que enfrentan ciertas comunidades en el país. Destaca que el valor simbólico no le resta importancia al Ministerio, ya que está creado en pro de los derechos de las poblaciones más vulnerables, sin embargo, el problema es que el símbolo no trasciende al trabajo, es decir, no se están haciendo suficientes esfuerzos para cumplir con las promesas y proyectos que se suponía debían adelantar por y para las comunidades.

“Un ministerio bien encaminado podría propulsar ayudas y soluciones en cuanto a los derechos de las mujeres en Colombia, con estructuras claramente definidas, políticas públicas bien orientadas y planes trazados, pero al día de hoy, lo poco que se ha logrado vislumbrar es que no ha habido mucha presencia, orientación y acercamiento del Ministerio de la Igualdad en temas relacionados a las mujeres”, dice Guevara, resaltando como la falta de planeación clara y metas firmes en el ministerio han sido gran parte de por qué la cartera no muestra avances positivos.

Tanto Guevara como López Arcos concuerdan en que el desempeño del Ministerio de la Igualdad en Colombia es pobre, pues sus proyectos y proyecciones no están bien formulados, mientras Guevara afirma que probablemente se deba a que es un ministerio nuevo, difícil de trabajar desde cero, López Arcos remarca que parece más una carga para el pueblo, ya que mantenerlo cuesta mucho dinero, pero no parece que esta inversión este dando resultados tangibles.

A pesar de su corta vida constitucional y los errores que han marcado su existencia, el Ministerio de la Igualdad representa el reconocimiento del Estado ante las desigualdades históricas vividas por poblaciones vulneradas en el país, y cómo se decide afrontarlas con políticas que aborden la diferenciación e importancia de estos temas. Sin embargo, como advierten las expertas, la sola existencia del ministerio o su representación simbólica no es suficiente para crear una diferencia en las leyes y las políticas públicas de Colombia, ya que un ministerio necesita compromiso político, dedicación, gestión eficiente y planes de acción para convertir las promesas en verdadera transformación y avance.

Las cifras sobre la violencia de género en el país son alarmantes. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), el 75,5% de los casos de violencia registrados en 2024 afectaron a mujeres, a esto se suma el incremento del 13% en las violencias de género entre 2022 y 2024, según la Red Nacional de Mujeres. El Observatorio de Feminicidios de Colombia también reporta un aumento preocupante, pasando de 619 casos de feminicidio en 2022 a 886 en 2024, lo que equivale a dos mujeres víctimas al día. En este contexto, en un país en donde la brecha de género es de un 74.5% (Datosmacro), perder una institución que puede velar por los derechos de la mujer, debido a la mala planeación y administración gubernamental, parece ser un lujo que Colombia no debería permitirse.