01 de diciembre de 2019

Opinión

La paz es lo que importa

Son muchas las razones por las cuales hay descontento e indignación en el país. Los territorios del conflicto y sus habitantes han sido gravemente afectados y el gobierno actual se muestra displicente en la implementación de los acuerdos de La Habana. A eso se suma los problemas generados por los cultivos ilícitos, entre otros aspectos.

Por: Guillermo Pérez La Rotta

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El Presidente de la República denunció conductas de odio en la calle y las redes, pero soslaya que la política del odio ha sido un viejo modus operandi del Centro Democrático, mucho antes del paro del 21N, y en las vísperas de su realización. Ese odio tiene una derivación hacia la precaria implementación del proceso de paz, avivando con ello la conflictividad social. La representante Juanita Goebertus, explicaba en agosto, que el 57% de las normas del Acuerdo de La Habana no habían sido tramitadas en el congreso, y el 83% de excombatientes no están aún integrados a proyectos productivos. El desarrollo con enfoque territorial (vías, electricidad, acueductos y otros), ideado por 220 mil campesinos en los 170 municipios de la Colombia afectada por la violencia, no avanza con la intensidad que debiera, pues en el primer año del gobierno Duque se invirtió sólo el 1.2 % de la meta del año, que asciende a 4.6 billones. De otro lado, 9.8 billones que estaban destinados para la paz en 2020, se repartieron con dineros dirigidos a política social, y no irán a los territorios afectados por la guerra, además de que el proceso de reparación de víctimas está muy atrasado.

Mientras tanto el CD, torpedeó sin éxito la JEP, radicó un proyecto para reformarla, promueve una política guerrerista que fracasó, tumbando a su ministro Botero, y ha tratado de limitar los reclamos en relación con restitución de tierras, mientras prepara reformas pensionales y laborales. El CD es una fuerza reactiva para Colombia. La intensa concentración de la propiedad territorial es un fenómeno que se aprecia en toda la nación. Los grandes tienen un promedio 196 veces más tierra por propietario que los microfundistas y minifindistas sumados, 35 veces más que los pequeños y 3,67 veces más que los medianos. Esta concentración tiene una relación con la informalidad de los derechos de propiedad, que en una medida importante se vincula con la violencia, bajo diferentes formas de apropiación y despojo, y existen factores políticos que alientan esa informalidad, con el objetivo de mantener el despojo y control de la tierra para la especulación.

La violencia anterior generó el despojo realizado por parte de guerrillas y paramilitares, y cambió profundamente los territorios afectados, en medio de guerras locales por su control. Ana María Ibáñez señala que hay 1.3 millones de hectáreas despojadas. Paralelamente las élites terratenientes sujetaron la mano de obra a su servicio para consolidar y reproducir el régimen latifundista, y la reacción campesina en parte fue la de colonizar territorios hacia los llanos Orientales y la Amazonía, con gravísimos daños para la conservación del bosque selvático. En el marco del gobierno de Santos se formuló la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) como un paso hacia la conformación de acuerdos de paz. El valor de esta ley estriba en que camina hacia una equidad social que devuelve tierras despojadas, busca formalizar la propiedad y abre posibilidades para una producción democrática, con los incentivos necesarios para que una familia pueda producir con dignidad. El país tiene 21,5 millones de hectáreas con vocación agrícola y solo usa 7,1 millones en agricultura, entre cultivos transitorios y permanentes que suman menos de la cuarta parte del potencial aprovechable. En cambio, ocupa 38,7 millones de hectáreas en ganadería, en gran parte, extensiva, mientras la vocación para los pastos es de solo 14.2 millones de hectáreas, la mayoría en los llanos orientales. La ganadera ocupa casi tres veces el área que debería ocupar la agricultura, desde la modalidad campesina, empresarial o la conservación de los bosques.

A este panorama tan complejo se suma la existencia de la producción cocalera, que es un factor real en nuestra economía, en la política y en la violencia que todavía azota a nuestro país. Economía que no puede seguir siendo controlada con la simple represión, sino que implica erradicación manual y concertada, y hacia el futuro, negociaciones dirigidas hacia una legalización de la venta de drogas, aunadas a políticas de producción que ofrezcan alternativas reales a los campesinos colombianos, que hoy viven de la siembra y tráfico de coca. Esta radiografía rebasa con creces el proyecto ideológico de Duque y su partido, y se une como un motivo, entre muchos otros, del paro del 21N.