08 de diciembre de 2020

“Quién disparó no es el problema: hay que ir a la causa”

El asesinato de líderes sociales y defensores de DDHH no para. En el departamento del Cauca, la oposición a la política minero energética del Gobierno Nacional es uno de los factores que más ha causado violencia directa en el territorio. Este texto presenta las cifras oficiales de ONG’s sobre asesinatos a líderes y defensores de DDHH a nivel nacional y departamental, en este caso, el Cauca.

Redacción Co.marca Digital

Fotografías tomadas de la web

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“Quién disparó es lo que no nos permite a nosotros ver la causa real del problema; tenemos que ir más allá, quitarnos esa idea de que lo importante es ver quién fue; no, por ahí no salimos a nada, tenemos que ir a la causa para, así, resolver realmente el problema, porque quién disparó no es el problema”, afirma Óscar Salazar, líder del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente colombiano, Pupsoc.

Según el Boletín trimestral del sistema de información sobre agresiones contra personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH–, publicado por el “Programa Somos Defensores” y que abarca un periodo entre julio y septiembre de 2020, se registró un total de 184 agresiones contra 182 personas defensoras de derechos humanos. En comparación con las 183 agresiones registradas en el mismo período de 2019 evidencia, según el Programa, un panorama sostenido de violencia contra defensoras y defensores, que las estrictas medidas de aislamiento social causadas por la pandemia del covid-19, en una parte del período no lograron evitar. Por el contrario, asegura que las condiciones de vulnerabilidad para el ejercicio de la labor de las personas defensoras de derechos humanos se recrudecieron. 

En cuanto a los presuntos responsables de las agresiones, de las 182 personas agredidas (víctimas de 184 agresiones) 88 (48%) presuntamente fueron víctimas de actores desconocidos, 54 (30%) de paramilitares, 20 (11%) de las disidencias de las FARC, 11 (6%) de la guerrilla del ELN, 8 (4%) de la Fuerza Pública y 1 (1%) de la Fiscalía.

 

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El Informe Especial del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, publicado en julio de 2020 y que abarca un periodo de tiempo del 24 de noviembre de 2016 al 15 de julio de 2020, con un registro de líderes y personas defensoras de DD.HH. asesinadas, sostiene que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta julio 15 de 2020 han sido asesinados 971 Líderes y Personas Defensoras de los DD.HH.

Dice Indepaz que durante la pandemia del Covid-19 también se registra el asesinato de líderes. Es así como desde el 6 de marzo (fecha en que se registró el primer caso de covid-19 en Colombia) hasta el 15 de julio, 95 líderes sociales y/o defensores de DD.HH. fueron asesinados y 82 desde el confinamiento nacional de marzo de 2020.  Además, asegura que desde la posesión del presidente Iván Duque al 15 de julio de 2020, 573 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia. Durante la administración Santos, en un lapso igual, entre julio de 2016 y el 7 de agosto de 2018 ocurrieron 459 asesinatos de líderes y defensores de los Derechos Humanos. 

“Hay muchos motivos por los cuales asesinan a los líderes sociales, pero dentro de las principales causas que se han identificado hay motivos de carácter económico: oponerse por ejemplo a cuestiones de explotaciones mineras, construcciones de represas, el tema de mega obras dentro de los territorios que destruyen y benefician solo a unos pocos y no a las cantidades de gente que viven en el mismo”, comenta Eduard Arturo Hoyos Giraldo, representante Legal de la Corporación de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.

Por su parte, Salazar, vocero reconocido en el departamento del Cauca, cuenta desde su trabajo con la comunidad que las políticas estatales generan tensiones territoriales, conflictos y violencia en los territorios. Pone de ejemplo la situación de la política minero-energética, la forma en que se viene aplicando en el país y cómo se pretende aplicar en el Cauca donde el cambio de la matriz productiva, según él, por causa de esa política minero-energética será algo dramático y absolutamente monstruoso, no solamente para los que habitan el Macizo Colombiano. “Dada la composición social y demográfica del Cauca, todavía el 60% de la población vive en el campo; no solo para nosotros y por esas causas que ya son graves, será una desgracia para Colombia entera y para la humanidad si avanza esa política minero energética”, asegura. 

Para él, se puede ver claramente cómo el estado colombiano se niega a revisar esas políticas. Incluso comenta que en la ley 1232 de septiembre de 2020 reviven un artículo de la ley 685, el artículo 37, que fue declarado inconstitucional porque era el que decía que ningún instrumento de planeación territorial podía oponerse a las decisiones administrativas que implementan la política minero-energética. 

Sin embargo, Sánchez asegura que, ahora, el artículo 37 de la ley 185 fue declarado inconstitucional porque contradice los artículos 311 - 313 de la constitución, pero valiéndose de la pandemia. “Entonces esa defensa que hacen las culturas indígenas, campesinas, afrodescendientes y otras organizaciones sociales, urbanas, esa defensa del agua, de los territorios, de las culturas, de la biodiversidad, de la agricultura, todo eso genera una cantidad de amenazas y de problemas, de asesinatos, desapariciones, esa violencia directa en los territorios, tiene a juicio nuestro como una de sus causas la política minero energética”, comenta. 

Los datos de la organización Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) permiten observar los asesinatos de líderes sociales: dada su naturaleza selectiva, pocas veces aparecen en las noticias internacionales o en los principales medios de comunicación. Por lo tanto, es difícil rastrear la totalidad de estos eventos. ACLED realiza una revisión sistemática de la información sobre este tipo de eventos priorizando el uso de los medios regionales y locales, y la complementa con información de redes comunitarias locales y varias ONG. Más del diez por ciento de la cobertura de ACLED proviene de este tipo de fuentes.

Para el caso de Colombia, se recopila la información proveniente de Indepaz, ONG colombiana que monitorea el conflicto en el país, así como información de Front Line Defenders, una organización asociada a ACLED que tiene como objetivo proteger a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo por medio de redes locales. Estas fuentes, diferentes a las de los medios de comunicación tradicionales, proporcionan detalles sobre más de un cuarto de la violencia contra la población civil en Colombia.

Los hechos analizados en este documento se relacionan con líderes sociales y miembros de comunidades vulnerables, estas últimas incluyen campesinos, indígenas y afrodescendientes. En esa categoría también se incluyen otros grupos que son frecuentemente víctimas de ataques por razones políticas, como miembros y exmiembros del gobierno, partidos políticos, periodistas, mujeres, maestros, estudiantes y grupos LGBT. En el contexto del proceso de paz, los excombatientes de las FARC y del ELN, que decidieron comenzar la reinserción en la sociedad, son frecuentemente víctimas de asesinatos perpetrados por grupos armados. 

Los datos de ACLED indican que desde abril de 2020 las cifras han pasado de un promedio de 6 asesinatos semanales a un promedio de 10 al final de agosto, mes en que se levantó el confinamiento estricto.

 

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Una comparación con las cifras para el mismo período del 2019 también muestra un alza significativa en el 2020.

 

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Según los datos de ACLED, los departamentos de Cauca y Valle del Cauca han sido foco del conflicto armado colombiano y se encuentran en una región conocida por la presencia de cultivos de coca y por su crucial acceso a la costa del Pacífico. En la zona norte del Cauca, la fuerte presencia de comunidades indígenas y afrocolombianas las ha hecho más vulnerables a los ataques perpetrados por diferentes grupos armados presentes en la región, ya que estas comunidades se oponen fuertemente al uso de sus tierras para los cultivos de coca.

 

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“La conexión entre el Pacífico y el Amazonas, el territorio más fácil de conectarlo es el Cauca, eso lo sabían desde épocas precolombinas, entonces esa política minero energética, obviamente de adecuar los territorios al paso del tránsito de las mercancías y especialmente aquí en el Cauca, es una de las causas eficientes de mantener esta guerra y este exterminio de líderes sociales que se resisten a estas políticas y hacen protección de sus territorios y sus culturas.”, dice el vocero de Pupsoc.

También comenta que la política contra los cultivos pretende hacerse pasar por una política contra el narcotráfico cosa que no lo es y asegura que en un negocio como el que está planteado con los niveles de ganancia que da la industria del narcotráfico y que le da la economía legal, legalizan esos capitales con unos índices de producción de drogas muchos más altos de los que dice las Naciones Unidas.

“Los cálculos que nosotros hacemos no son ni 1500 las toneladas anuales que se exportan de Colombia, son más y triplican esa cifra y mucho de ella se mueve por el Cauca. Qué mejor manera de proteger una industria ilegal que generando ilegalidad y qué mejor que generar ilegalidad que mantener una guerra, mantener una guerra es la mejor manera de mantener la ilegalidad que necesitan para la industria de las drogas ilícitas”. Asegura Óscar Salazar que la guerra la mantendrán porque el índice de ganancia de la industria de drogas ilícitas es enorme y quienes se reparten las ganancias son las economías legales y muchos otros actores.

De acuerdo a los datos del Programa Somos Defensores, durante el tercer trimestre del año se presentaron agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en 22 de los 32 departamentos del país, que corresponden al 69% del territorio nacional. El departamento del Cauca, igual que en el mismo período de 2019, se mantiene como el que presentó el mayor número de agresiones con 48 casos; el departamento de Nariño que para el período de análisis en 2019 registró 6 hechos, ahora presenta un alarmante aumento con 40 agresiones, pese a la militarización del territorio en zonas como el piedemonte y la Costa Pacífica, con lo cual se evidencia que un mayor pie de fuerza en los territorios no es garantía de entornos más seguros para el ejercicio de la labor de los liderazgos sociales. A estos departamentos les sigue Cundinamarca con 21 hechos, Córdoba con 10 casos, Magdalena con 9 casos y Meta con 8, como los departamentos donde tuvo ocurrencia un número mayor de agresiones. 

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Los casos registrados durante el tercer trimestre de 2020, donde personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, ascienden a 40, lo que significa un incremento del 54% en comparación con el mismo período del 2019 (14 casos más). Entre enero y septiembre del 2020 en Colombia han sido asesinadas 135 defensoras y defensores, cifra que supera el total de asesinatos registrado durante todo el 2019, cuando el SIADDHH confirmó 124 casos. Preocupa que a pesar de la gravedad de la situación el Estado no ha tomado medidas efectivas para controlar la violencia y el Gobierno persiste en negar su gravedad, lo que podría ocasionar que este año culmine con uno de los mayores registros de asesinatos.

En este documento al igual que otros informes, concuerdan en que el departamento de Cauca fue el más violento, porque fueron asesinados once líderes sociales. Le siguen Chocó (4), Bolívar (3), Huila (3), Meta (3), Nariño (3), Valle del Cauca (3), Córdoba (2), Norte de Santander (2), Antioquia (1), Arauca (1), Magdalena (1), Quindío (1), Risaralda (1) y Santander (1).

 

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“La amenaza que representa un líder social es el no permitir el avance de una propuesta individual, de una propuesta que destruye el territorio, que desarticula, que rompe tejido social, el líder social busca siempre mejorar y construir colectivamente los territorios, en esa medida el líder social estaría en contra de estos desarrollos individuales con afectaciones directas al territorio, a la naturaleza y a la forma de vida y cultura de las comunidades”, comenta el representante Legal de la Corporación de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.

Por su parte, Salazar, vocero de Pupsoc, afirma que los asesinatos no van a parar por buena voluntad y comenta que hay un proyecto que pretende convertir el Macizo Colombiano en una gran mina a cielo abierto, sin tener en cuenta que este lugar le da agua al 70 % de la sociedad colombiana, que de él depende la vida del Océano Pacífico, porque el río Patía es un gran tributario en enorme importancia para la vida del Pacífico. “Nosotros estamos destruyendo nuestra fuente de agua principal, eso no lo hace nadie, excepto el gobierno colombiano: todo el territorio del corazón del Macizo Colombiano lo tiene entregado a la voracidad de las transnacionales mineras y nosotros los caucanos y los colombianos, callados, eso es lo más triste”.  

Para Hoyos Giraldo, una de las principales propuestas para frenar los asesinatos de líderes en los diferentes municipios del Cauca es la implementación del decreto 660 que se logró negociar con el gobierno nacional en la vía de fortalecer las medidas de autoprotección. Cuenta que en los territorios rurales que han estado en abandono estatal durante años es donde más se comete violación de derechos humanos y asegura que hay comunidades que lo único que conocen del estado es la fuerza pública, una fuerza pública que muchas veces ha llegado a violar a sus mujeres, a asesinar a sus niños, a robar sus cosas. Afirma que, ante esto, han decidido ellos mismos ser estado, autoprotegerse y esas medidas de seguridad han sido muchísimas más efectivas que las que no ha brindado el estado colombiano. 

“Otro aspecto que ayuda a frenar los asesinatos es la financiación del proceso de paz. El proceso de paz va más allá de un acuerdo entre las Farc y el Gobierno Nacional, el financiar el Acuerdo de Paz e implementarlo como está estipulado dentro de las metodologías del Acuerdo, garantiza que los niveles de violencia en Colombia disminuyan enormemente”, complementa Hoyos Giraldo.

“Yo sería el asesinado 687”, dice Óscar Salazar y añade que para parar un poco la situación se necesita una normatividad muy importante que está aprobada, por ejemplo, el decreto 660 de protección comunitaria. El vocero comenta la necesidad de implementar este decreto, la necesidad del reconocimiento del campesinado como sujetos de derecho y la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Campesinado, la adopción del Acuerdo de Escazú para, así, empezar realmente a resolver las causas que han generado esta situación tan monstruosa del asesinato de líderes y lideresas en Colombia y en el Cauca.

“Aunque pareciera que eso no tiene que ver, realmente ahí están las soluciones, la adopción de la resolución 165 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que es la Declaración Universal de los Derechos del Campesinado, eso es fundamental. La territorialidad campesina, el reconocimiento, el allanamiento a la adopción, la implementación de las zonas campesinas es fundamental para ir resolviendo las causas que tiene esta problemática de la sangría en nuestro departamento y en Colombia”, concluye.