21 de marzo de 2019

Absolutamente necesario

Las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz han generado diversas reacciones y tensiones en un país polarizado. Aquí, una crítica sobre lo que significa dicha decisión y una revisión de contexto sobre los intereses que hay detrás.

Por: Guillermo Pérez La Rotta

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Un grupo terrorista que amenazó a la sociedad y destruyó miles de vidas con cinismo, no tiene estatus político, y debe ser exterminado por el Estado que representa a dicha sociedad. No importa, para el anterior juicio, si dicho grupo dice tener una ideología, o si históricamente proviene de complejos conflictos económicos y políticos. Sobresale su esencia terrorista porque hizo terrorismo, de diferentes maneras atroces.

Esta elaboración ideológica sirvió entonces para que el Estado y las élites que desde antaño lo instrumentalizan en algún grado, emprendieran recientemente el exterminio de dicho grupo primigenio, con relativo éxito, en el horizonte de un combate que tomó décadas y polarizó con odio a esa sociedad. Incluso, fue absolutamente necesario combatir a ese grupo terrorista con métodos cuestionables: ejecuciones extrajudiciales de inocentes motivadas con premios a los soldados por cada supuesto terrorista muerto, con matanzas idénticas a las de los terroristas, ahora ejercidas por “paramilitares” en la lucha por el territorio. Y fue absolutamente necesario incluso promover estos últimos grupos, y aliarse con ellos para combatir al terrorismo primigenio y satánico.

Entonces, la noción de terrorismo aparece diferenciada de acuerdo a la conveniencia ideológica de un poder que gobierna en determinado momento. Es posible además que dicho gobierno negocie con unos y otros: “paras” y “terroristas”. Y bajo sus acomodaticios principios considere que los “paras”, podrían ser tratados como sujetos políticos que se rebelaron en defensa de una amenaza “terrorista”. Eso pretendió antaño Uribe cuando era presidente, pero no logró su cometido gracias a definiciones jurídicas de la Corte. A los otros, a los terroristas primigenios, había que hacerles un tratamiento contra terroristas, y por tanto, exterminarlos. Aun si en ciertas circunstancias dichos terroristas tuviesen diálogos secretos con el gobierno. Y el caudillo se atreviese a decir en público que hacia el futuro podría otorgarles ciertas garantías. Una de las conductas en la política del caudillo es contradecirse a sí mismo, pues importa para sus intereses analizar la coyuntura para matizar o cambiar en el tiempo el discurso, en virtud de una correlación de fuerzas en torno al ansiado poder.

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Si otro gobierno –entra en escena Santos, el traidor–, se atreve a cambiar o matizar el discurso del caudillo, para negociar con los terroristas primigenios, se las tendrá que ver con él. Porque el caudillo, que tradicionalmente ha tejido profundas redes de clientelismo, no puede permitir que no lo tengan en cuenta para dicha negociación. Aquí intervienen factores personales y colectivos, como los egos en juego, y las conveniencias políticas del círculo de poder del Gran Jefe, sobre todo en dirección de que no se afecte su impoluta ética y la de muchos de sus colaboradores de antaño: políticos, empresarios, espías, terratenientes, militares, empresarios y hasta delincuentes de baja calaña. Habrá que combatir con todos los medios (sabotaje, espionaje, dinero, calumnias, mentiras en redes) a dicho gobierno traidor y a los terroristas primigenios.

Adicionalmente, esa polarización le conviene al caudillo para volver al poder, y éste la reedita cada vez que puede. Aun si la historia marcha en otra dirección. Los caudillos son tercos y soberbios. Y si el gobierno traidor abrió un espacio para no calificar a secas de terrorista al grupo terrorista, y reconoce un conflicto de vieja data, y abre un espacio de verdad y justicia para conocer crímenes de todos los implicados en aquel conflicto, entonces es la debacle. Entonces habrá que luchar contra eso.

Pues es peligroso para la integridad ética del caudillo que se sepa, dentro de un tribunal jurídico, y finalmente para la historia, la limitada verdad –reconozcámoslo– acerca de la violencia y el terrorismo de todos, en diversos grados, durante decenios. No. Se trata de que sepamos la verdad sobre los crímenes de aquellos “narcoterroristas” –porque después se volvieron narcos. ¡Y Paloma hizo bien en calificarlos en su esencia!–. Pero eso sí, que no sepamos la verdad sobre otros sectores que también hicieron terrorismo a su modo. No. Aquí no hubo un conflicto armado sino una amenaza terrorista. Por eso el Estado y la gente decente lo único que hizo fue defenderse de aquella plaga. Y por eso, la gran tarea del caudillo, estando ahora en el gobierno, es dar directrices claras al títere para que, bajo argucia legalista del fiscal Martínez, emprenda la tarea de socavar la JEP. ¡Viva la patria, viva la unidad de Colombia contra el terrorismo! Mano firme, corazón grande. ¡Viva el discurso de Macías en la posesión presidencial! Absolutamente necesario, como yo, el supremo.

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